Un Defensor del Pueblo contra la educación, la salud y el sentido común

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Sr Director, agradeceré la publicación de la carta adjunta, en la sección que estime corresponder. El reciente dictamen del Defensor del Pueblo de Villa La Angostura no solo se opone a la construcción de dos escuelas públicas —la Escuela 361 y la EPET 28—, sino que además se opone, en simultáneo, a la ampliación de un Centro de Salud. Sí: todo al mismo tiempo. En un solo movimiento, el Defensor busca ponerle un freno a tres obras esenciales para la comunidad: dos educativas y una sanitaria. Cuesta encontrar un precedente de un funcionario que, en una localidad con aulas saturadas, condiciones indignas hace años, jóvenes sin vacante y un sistema de salud en tensión, escoja como enemigo común a las escuelas y a la salud pública. Pero ese es exactamente el dictamen que conocemos hoy. ¿El argumento? La defensa de un “espacio verde” que de verde no tiene nada. Un lote que no cumple el rol de espacio verde real, pero que el Defensor decidió elevar a la categoría de patrimonio sagrado mientras ignora derechos básicos como aprender y recibir atención médica de calidad. Porque acá no estamos ante un debate técnico: estamos ante una postura ideológica. Una visión rígida, desconectada de la realidad y profundamente dañina para el pueblo. Una posición tomada al unísono, contra escuelas y salud, como si la educación y la atención médica fueran problemas y no soluciones. Y esta mirada se vuelve todavía más difícil de aceptar cuando se compara con las prioridades que sí tuvo el Defensor desde que asumió: ● Su primera preocupación institucional al asumir fue pedir un aumento de sueldo al Concejo Deliberante. ● Luego armó un equipo sobredimensionado, con salarios superiores al de un empleado municipal. ● Conformó una estructura casi del tamaño de la Defensoría de San Martín de los Andes, una ciudad con tres veces más población y paga por todos los vecinos. ● Eligió instalarse en uno de los alquileres más caros que paga el Municipio. ● Y ahora solicita un presupuesto 2026 que supera los 300 millones de pesos. Tres centenas de millones para oponerse a escuelas y a un centro de salud. Tres centenas de millones para defender un lote sin uso y una agenda política ajena a las necesidades reales de la comunidad. Entonces, la pregunta que late en cada familia, en cada padre que reclama vacantes, en cada vecino que espera mejorar la atención en su barrio es simple y urgente: ¿A quién está defendiendo el Defensor del Pueblo? Porque al pueblo —al pueblo real, al que necesita aulas, médicos, espacios dignos— está claro que no. Una Defensoría que se dedica a bloquear derechos esenciales deja de ser una institución de control y se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la comunidad. Una Defensoría que le da la espalda a la educación y la salud pierde legitimidad moral. Una Defensoría que actúa al unísono contra tres obras fundamentales no está cuidando el interés público: está ejecutando un programa político que no representa a la mayoría de los vecinos. Villa La Angostura merece instituciones que acompañen, no que frenen. Que protejan, no que bloqueen. Que estén del lado de la gente, no del lado de un expediente vacío. Porque la educación y la salud no se discuten: se garantizan y están por encima de todo Alejandro Calderón DNI 13003836