La capacitación obligatoria a todo el personal del Estado provincial se implementará a partir de la adhesión a la Ley Nacional N°27.499, denominada Ley Micaela, en referencia a la joven Micaela García; violada y asesinada en el 2017 en la localidad entrerriana de Gualeguay. La iniciativa unificó el tratamiento de un proyecto presentado por la diputada Nanci Parrilli y otro del Poder Ejecutivo, ambos durante este año. Al explicar el alcance de la propuesta, la diputada Encarnación Lozano (MPN) dijo que la capacitación se implementará para todos los agentes y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial; mientras que su compañera de bloque María Laura du Plessis indicó que se trata de “una ley más para madurar las herramientas para erradicar el flagelo” de la violencia de género.

En otro orden, el cuerpo emitió despacho unánime para modificar la ley que regula los servicios de Seguridad Privada en la provincia a fin de flexibilizar la condición de poseer título secundario para los interesados en desempeñarse en el ámbito. A tal fin, la propuesta –que unificó el tratamiento de un proyecto del diputado Alejandro Vidal (UCR) y otro del diputado Mariano Mansilla (FN) – modifica el artículo 17 de la Ley N°2772. Según explicó Vidal, se contempla un plazo para finalizar los estudios secundarios de cinco años desde su acreditación como estudiante, prorrogable por un año más.

Asimismo, la comisión emitió despacho por mayoría –con el voto negativo del diputado Raúl Godoy del PTS-FIT– para crear el Programa de Asistencia Financiera para el emprendedor y/o prestador turístico en el marco del artículo 2° de la Ley N°2247, propuesta remitida por el Poder Ejecutivo.

Los tres despachos continuarán su tratamiento parlamentario en la comisión de Hacienda y Presupuesto.

Al inicio de la reunión, la comisión recibió a miembros de la Dirección de Familias Solidarias, quienes expresaron preocupación por la demora judicial en la resolución de casos de menores y adolescentes con medidas de protección excepcional. El cuerpo recibió al equipo de la Dirección en el marco del tratamiento de dos pedidos de informe al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en relación al tema.

Según indicaron desde el organismo, el plazo fijado por el Código Civil para que se fije judicialmente la condición de adoptabilidad del menor o adolescente es de nueve meses como máximo. Sin embargo, dicho plazo no se cumple, por lo que un menor puede llegar a transitar dos años o más con la familia sustituta. Eso genera complicaciones, según manifestaron, no sólo para el menor sino además para convocar a familias que deseen inscribirse como sustitutas.

El cuerpo acordó remitir una nota desde la presidencia de la comisión al TSJ.

Además, en la reunión de hoy, se recibió un informe de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente en relación al proyecto para eliminar de la categoría de contribuyentes a los permisionarios con áreas de reserva en materia hidrocarburífera. El tema, que fue debatido en reuniones anteriores, permanecerá en agenda en la comisión.

Estuvieron presentes los diputados Mario Pilatti, Guillermo Carnaghi, Maximiliano Caparroz, Carlos Sánchez, Alejandro Vidal y Raúl Godoy y las diputadas María Laura du Plessis, Encarnación Lozano y Susana Nieva.